La Ley de creación del Parque Natural de Oyambre plantea como uno de sus principales objetivos la protección de una de las áreas más valiosas del litoral cantábrico, tanto por su geomorfología, procesos de formación de playas y estuarios, como por su riqueza botánica, faunística, paisajística y arqueológica que convierte a la zona en un excepcional museo y laboratorio viviente para el estudio y la investigación de los recursos naturales y de la historia de la región. en base a estos criterios científicos y a otros culturales, de conservación, turísticos, económicos y sociales, la Ley de creación del Parque Natural de Oyambre delimita el territorio y regula las distintas clasificaciones del suelo. Así, se define una Zona de Protección Litoral, dibujada en torno a las rías y la fachada litoral de los municipios de San Vicente de la Barquera y Valdáliga, con elevados valores naturales y paisajísticos, y a los que se aplica un régimen especial de protección que prohíbe toda actividad que pueda alterarlo. Se define, así mismo, una Zona de Protección Forestal que comprende las zonas de bosques de Monte Corona, así como los bosquetes y rodales de arbolado autóctono que salpican las praderías del Parque, y en los que la protección otorgada asegura su conservación y disfrute. Por último, la Ley de creación del Parque Natural de Oyambre, delimita la Zona de Protección Agrícola Ganadera en la que, además de servir de protección para las otras dos zonas, y en base a determinados requisitos urbanísticos y ambientales, se potenciarán los usos agrícolas y ganaderos, así como los ligados a la utilización turística y de segunda residencia.

El más reciente paso dado en el sentido de conservar el potencial paisajístico y natural del Parque Natural de Oyambre, ha sido la aprobación del Plan Especial de Protección de la Zona Periférica Agrícola Ganadera del Parque Natural de Oyambre (aprobado por Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de 11 de mayo de 1998). Este Plan Especial, regula los usos del suelo calificado como agrícola-paisajístico, delimitando el uso de viviendas a los entornos de los núcleos urbanos existentes y gestionando la ubicación de instalaciones agrícolas y ganaderas en base a la funcionalidad del territorio y su capacidad de absorber impactos.